EL TLC PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
En Colombia más de 3,4 millones de personas se encuentran asociadas con la economía de pequeña escala, lo que incluye campesinos, indígenas y afrodescendientes que dependen de fincas donde cultivan en promedio 2,9 hectáreas con escasa tecnificación, reducidos activos productivos,
precarias vías de acceso y casi nulo apoyo estatal. Estos son al menos 738 mil hogares que están dedicados mayoritariamente a la producción de alimentos de la canasta básica. No obstante las precarias condiciones de producción y de acceso al mercado, están a cargo de abastecer el
40% de los alimentos que se consumen en el país. Para la capital del país, Bogotá, abastecen el 67% de la canasta alimentaria de los ciudadanos.
Los cálculos más prudentes indican que en los primeros años de su entrada en vigor, el TLC ocasionaría que cerca de 485.000 de estos hogares, esto es más de dos millones de personas, redujeran sus ingresos asociados a actividades agropecuarias, debido a que se afectaría de manera casi inmediata el 28% de los cultivos de los pequeños productores y se
inviabilizaría gran parte de su actividad pecuaria.
Los ingresos de la economía campesina también se verían afectados por la pérdida de empleos de quienes trabajan como jornaleros en otras fincas para complementar los ingresos de sus hogares. Se trata de trabajos precarios en los que devengan US $3,9 al día, sin contrato escrito, ni seguridad
social. El actual TLC destruiría por lo menos el 20% de estos empleos.
Esto significa 15 mil empleos menos para hogares campesinos.
El balance es negativo no solo para los pequeños productores, sino para el sector agropecuario como un todo. El valor de la producción agropecuaria total se reduciría en más de US $218 millones anuales en los primeros 6 años del tratado, lo que significa una reducción del 15% del área cosechada, equivalente a 200 mil hectáreas.
La aprobación del actual TLC agudizaría el efecto de las políticas actuales y los problemas estructurales de la economía colombiana, en la que los pequeños productores no han sido considerados como actores del desarrollo rural. Como es bien sabido, en Colombia las condiciones de exclusión y de pobreza en el campo son causa y combustible de la economía ilegal y del conflicto armado: la oportunidad de recibir un ingreso (o incluso sólo el pago de la alimentación diaria) y de obtener poder, son los principales incentivos que mencionan los jóvenes rurales que se vinculan a los grupos armados y a las actividades asociadas a los cultivos ilícitos.
Esto último, con serias implicaciones para EEUU en la lucha contra la producción, comercialización y consumo de drogas.
En resumen, la relación costo-beneficio del actual TLC para el sector agropecuario colombiano es negativa y ello tendrá repercusiones en la agricultura de pequeña escala y en el resto de la sociedad colombiana. Generará inestabilidad social y pérdida de bienestar general, incluyendo dependencia alimentaria al abandonar el cultivo de los productos que componen la dieta básica de la población.
La población rural de Colombia es de once millones de habitantes, casi un ¼ de la población total1; un poco más de seis de cada diez de estos habitantes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
La distribución de la tierra en Colombia es altamente inequitativa. Cálculos recientes estiman que el 0,5% de los propietarios, poseen el 60% de la tierra.
Los pequeños productores (campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes) constituyen la mayoría de los productores del país (87%), pero participan solo con el 57% del área sembrada en el país (2,1 millones de hectáreas). Ellos contribuyen con el 41% del PIB agrícola y cultivan en promedio 2,9 hectáreas.
La economía campesina produce alrededor del 40% de los productos de la canasta básica alimentaria consumida en el país14. Esto indica que son actores fundamentales en el abastecimiento del mercado alimentario nacional, el cual representa el 17% del PIB.
La población rural es la más afectada por el conflicto armado. Sólo en los primeros 6 meses del 2008 habían sido desplazadas más de 270.000 personas, un nivel record de los últimos 20 años. Además del conflicto armado, el desplazamiento también se produce cuando compañías o personas contratan servicios de “seguridad privada” para implementar proyectos económicos o megaproyectos.
La pobreza y la desigualdad son causa y combustible del conflicto armado y de la economía ilegal: la oportunidad de recibir un ingreso (o incluso de recibir alimentos como parte de pago), y obtener
poder, son los principales incentivos que los jóvenes citan en las zonas rurales como la causa para involucrarse a grupos armados y en actividades asociadas a los cultivos ilícitos.
Los pequeños productores derivan sus ingresos de dos fuentes: las ganancias que perciben como resultado de las labores agropecuarias en sus tierras26 y el pago que obtienen cuando se emplean como jornaleros en otras fincas, donde reciben ingresos extremadamente bajos, sin contratación escrita, ni seguridad social.
El actual TLC afectaría al 28% de los cultivos de la economía campesina; este mismo porcentaje de hogares campesinos vería reducido sus ingresos.
El estudio Impactos del TLC sobre la agricultura familiar y políticas compensatorias. Caso Colombia, elaborado por el BID, FAO y CEDE, realiza una simulación de los impactos sobre el ingreso agrícola, el consumo y el ingreso salarial agrícola. Centra su análisis en los 12 cultivos más
importantes asociados a la economía campesina.
Cinco de éstos son productos importables, de los cuales cebada, fríjol, maíz y trigo, arrojan como resultado una reducción en el precio entre 13% y 45% al quinto año de firma del acuerdo.
La yuca, papa y caña panelera, son productos no transables. El estudio prevé que éstos no se verán afectado, sin embargo esta afirmación debe tomarse con precaución, porque a pesar de no enfrentar el riesgo de inundación de importaciones de EEUU, si pueden tener el riesgo de ver reducida su demanda interna debido a los cambio en los precios relativos que conlleva el nuevo acuerdo comercial, en el sentido de que pueden ser sustituidos por productos que llegan más baratos de EEUU.
Los datos del arroz fueron calculados a partir de los resultados que obtiene Garay et. al. en ‘La negociación agropecuaria en el TLC -alcances y consecuencias’ (2006), según el cual se prevé que el proceso de ajuste al que se verá obligado el sector afectará en mayor medida a los productores campesinos, esto es a los productores de arroz secano manual, el cual responde por el 40% de la producción nacional. De acuerdo con el mismo estudio, el TLC tendría un impacto negativo en el largo plazo equivalente a una reducción del 12% en la producción, área sembrada, empleo e ingresos laborales.
Carne de cerdo: Asoporcicultores estima que el sector informal (asociado a la economía campesina) desaparecerá como actividad productiva debido al TLC, la cual aporta actualmente el 43% del sacrificio total del país. Lo que daría lugar a la pérdida de aproximadamente 39 mil empleos30.
♦Leche: Suárez, afirma que este sector involucra muchísimos pequeños y medianos productores toda vez que la mitad de los 450 mil hatos tienen menos de 10 cabezas y en el caso de los lactosueros (base para la conversión de leche en polvo a leche líquida industrial) se negoció liberalización completa desde el año. Esta liberación inmediata unida a la reciente normatividad
sanitaria (funcional al TLC) para la producción y comercialización de leche puede deprimir considerablemente los ingresos de los hogares campesinos.
♦Carne de pollo: Garay et. al., calcula que en el largo plazo este sector correrá serios riesgos. En el escenario más conservador se trataría de una reducción del 34% en la producción, el empleo y los ingresos laborales. La participación de la economía campesina en la cría de aves de engorde es significativa: el 35% de los productores (de acuerdo con el censo avícola industrial de 2002) y el 20% de la producción de carne de pollo.
♦Frutas y hortalizas: Los resultados del
del BID, FAO y CEDE para este sector en cuanto a la inexistencia de efectos negativos para la economía campesina, contrasta con otros estudios e incluso con las declaraciones de la agencia de
los EEUU que admite que el sector será beneficioso para los EEUU en términos de acceso al mercado colombiano.
Otro impacto cuantificado por el estudio BID, FAO y CEDE corresponde a la pérdida de empleos en el sector agrícola empresarial, donde algunos miembros de hogares campesinos se emplean como jornaleros. Se trata de cerca del 5% de la población que tiene empleo (78 mil personas) y que aportan el 6,3% del ingreso de los hogares.
El estudio concluye que como resultado de la modificación en las condiciones comerciales del Tratado, se perdería el 19,8% de los empleos asociados a la economía agrícola empresarial. Esto significa que 15.469 de los jornaleros perderían su trabajo, con los consecuentes impactos en los ingresos y nivel de vida de sus hogares.
A corto plazo se prevén pérdidas para el país ante la importación de bienes agrícolas de EEUU, en el valor de la producción, el área sembrada y el empleo generado en el caso de los cultivos de maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, soya, fríjol y trigo, productos en los que caería anualmente el excedente del productor en un 15% de
valor actual de producción, e igual porcentaje en ingresos laborales.
De estos, el maíz, el trigo y el fríjol constituyen cultivos predominantemente campesinos que en conjunto representan poco más del 20% del área dedicada a cultivos asociados a la economía campesina, lo que deja entrever los efectos devastadores del TLC para el segmento más débil del sector.
En el largo plazo se presentarían también efectos negativos sobre la producción interna de arroz (con pérdidas del 12% en excedente del productor e ingresos laborales); carne de pollo (pérdida del 34%, en el escenario más conservador) y aceite de palma (pérdida de 8% en excedente y
19% en ingresos laborales).
En el corto plazo, habría efectos positivos sobre el valor de la producción de azúcar, etanol y tabaco (ganancia anual del 1% en el excedente del productor y 3% en el empleo y el área cultivada en el caso del tabaco).
En el largo plazo se presentarían ganancias importantes en el sector lácteo y el tabacalero, así como en los sectores de carne de bovino, frutas y hortalizas, si EEUU eliminara restricciones sanitarias y fitosanitarias injustificadas y si se avanzara en el país en términos de empaque, calidad, estándares sanitarios, etc.
Además pueden crearse oportunidades importantes para las exportaciones de agrocombustibles.
El balance es negativo no solo para los pequeños productores, sino para el sector agropecuario como un todo. El valor de la producción agropecuaria total se reduciría en más de US $218 millones anuales en los primeros 6 años del tratado, lo que significa reducción del 15% del área cosechada, equivalente a 200 mil hectáreas.
De acuerdo con Garay et. al.: “En lo negociado en el capítulo agrícola del TLC, en términos de los efectos sobre los productores, los trabajadores, los consumidores y el recaudo aduanero, se encuentra que a corto plazo las pérdidas netas en producción y empleo, sumadas a los menores aranceles recaudados no podrían ser compensados con la mejora en el bienestar de los consumidores, generándose un balance neto negativo por valor anual de $357 mil millones
(pesos del 2005) (US $153 millones), equivalente al 0,13% del PIB”.
Según los mismos autores, los mayores efectos negativos sobre la producción a largo plazo incrementarían aún más el desbalance, pues el aumento en el bienestar de los consumidores no sería suficiente para contrarrestar dichos efectos.
El impacto negativo del TLC en el sector agropecuario obedece a que la negociación no reconoció las asimetrías entre las capacidades de Colombia y de EEUU, para competir en el mercado y, además, a que la negociación fue muy desigual, como se detalla a continuación:
La negociación agropecuaria del TLC no consideró que el punto de partida de los países era extremadamente desigual, en aspectos fundamentales como la política agropecuaria, la sensibilidad del sector en términos de la estabilidad política, económica y social, la situación de seguridad alimentaria y la capacidad de competir en el mercado.
La política agropecuaria analizada a partir del presupuesto del sector y los apoyos estatales para la producción agrícola es definitivamente disímil. A pesar de que la economía estadounidense es 7 veces superior a la colombiana (en términos de PIB per cápita), el presupuesto agrícola es 222 veces superior y los apoyos estatales para la producción son 62 veces superiores.
Tales ayudas internas permiten a los productores estadounidenses vender sus cosechas a precios por debajo de los costos de producción (práctica conocida como dumping).
Algunos argumentan que la entrada de productos subsidiados permitiría el consumo de bienes más baratos para los hogares en beneficio de los consumidores, y permitiría al sector agrícola enfocar sus esfuerzos en productos en los que es más competitivo en el exterior, con el objeto de
generar excedentes exportables (Fenalce, 2004). Por lo menos cuatro argumentos controvierten esta posición.
Primero, estudios nacionales y experiencias internacionales38 han mostrado que la transmisión de precios no funciona, y por tanto, las reducciones en los precios de materias primas no se transfieren al consumidor final.
Segundo, la reconversión y reasignación de recursos productivos enfrenta enormes dificultades en países como Colombia especialmente por los escasos niveles de inversión, la incertidumbre cambiaria, el bajo grado de movilidad de recursos, las altas tasas de intermediación financiera y el escaso desarrollo del sector financiero, especialmente en lo que toca al acceso al crédito de los pequeños productores y en general en el sector rural.
Tercero, la demanda de productos tropicales en los mercados internacionales no garantiza el tamaño del mercado necesario para volcar la actividad agrícola hacia ellos. Y cuarto, abandonar estos cultivos implica un enorme sacrificio para la seguridad alimentara del país.
Los dos países son disímiles también en términos de la importancia relativa del sector agropecuario: mientras que para Estados Unidos sólo 2 de cada 100 empleos corresponden al sector agrícola, en el caso de Colombia se trata de 20 de cada 100 lo que evidencia la alta sensibilidad y enorme impacto social que puede generar la desestabilización del sector.
Además, en Colombia la población rural vinculada a la economía campesina es muy vulnerable frente a la presión de los cultivos ilícitos y el reclutamiento de los grupos al margen de la ley39.
En términos de seguridad alimentaria, Colombia presenta un nivel de desnutrición superior al 10% de la población, mientras que para Estados Unidos es inferior al 2,5%. La dependencia alimentaria (peso de las importaciones sobre la disponibilidad de alimentos) de Colombia es alta y creciente
en productos básicos de la canasta alimentaria como los granos y cereales (en 2001 había llegado al 0,46) y oleaginosas (0,35). En cuanto al suministro de energía alimentaria, medido por las kilocalorías que consume una persona en promedio por día, Colombia se encuentra por debajo
del rango mínimo de consumo requerido (2.600-2.950 Kcal/día establecido por la FAO)40, mientras que Estados Unidos alcanza las 3.760.
Con respecto a la capacidad de competir medida a través de la infraestructura vial en su tamaño y calidad y la disponibilidad de energía, muestra un enorme rezago para Colombia, situación que también se evidencia en la brecha entre el valor agregado que aporta un trabajador del sector en EEUU frente a un trabajador en Colombia.
En la negociación agropecuaria del TLC Colombia - EEUU no se tuvieron en cuenta ni la lucha que adelanta el país contra el narcotráfico, ni el conflicto interno, ni la importancia del campo colombiano para la estabilidad política, económica y social del país, ni el derecho del país a proteger su sistema agrario por motivos de seguridad alimentaria. Se adelantó exclusivamente
desde el punto de vista comercial, dando como resultado la negación por parte de EEUU de las propuestas de Colombia en cuanto a: i) una salvaguardia especial agropecuaria de precios, ii) una salvaguardia de cantidad para los productos ultrasensibles durante la vigencia del Tratado, iii) eliminación de los subsidios inherentes a los créditos, garantías, seguros de crédito a la exportación; iv) recursos para el fondo de compensación y reconversión, v) un comité agropecuario con funciones más allá de la supervisión y monitoreo.
Colombia quedará en una extrema situación de vulnerabilidad, sin herramientas que le permitan protegerse de cambios repentinos en las políticas internas de EEUU. Además, “no fue posible incluir en el Tratado un mecanismo sustituto del sistema de franjas de precios, como hubieran sido las medidas de salvaguardia de precios con vigencia durante la permanencia del Tratado o hasta que las ayudas internas distorsionantes de la producción y el comercio sean eliminadas en la OMC” (Garay et al, 2006).
Tampoco “se incluyó una cláusula que permitiera revisar el programa de desgravación en el caso de que los Estados Unidos decidieran aumentar los niveles de las ayudas internas que actualmente
otorgan a sus bienes agropecuarios” (Garay et al, 2006).
Finalmente, en cuanto a la participación de la sociedad civil y las comunidades, el TLC con EEUU presentó serios vacíos.
En TLC no fue consultado ampliamente con las comunidades, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT obliga al gobierno colombiano a consultar con las comunidades indígenas las decisiones que afecten su territorio.
Aída Pesquera y Adriana Rodríguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario